El Memorial de agravios
En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y colocó a su hermano José en el trono español; como consecuencia, la política colonial de las Cortes españolas cambió. Se constituyó la Junta Suprema de España e Indias, que se erigió en gobierno general del reino.
En esa coyuntura surgió la figura política de Camilo Torres, que se declaró antirregentista y partidario de Fernando VII; se opuso a las determinaciones tomadas en la metrópoli, ya que, pese a estar ésta ocupada, continuaba exigiendo obediencia a las colonias. Propuso seguir el ejemplo de las provincias españolas que se proclamaron soberanas para apoyar irrestrictamente al rey de España, lo que significaba crear juntas provinciales de gobierno, a la manera de las de la Península, en la Nueva Granada, desconociendo la Junta de Sevilla.
Pese a la protesta de Torres y de muchas otras voces en las diferentes colonias, la Junta sevillana, aún bajo el dominio de José Bonaparte, declaró que las propiedades allende el mar eran prioridad de la monarquía española y autorizó la presencia de sus representantes en la Junta Central, pero en un número inferior al de los españoles. El ambiente político de las colonias se caldeó cada vez más.
La nominación de candidatos, por terna, se realizó en los cabildos de Santafé y de las principales ciudades de las provincias. Una vez nominados los candidatos, el representante se designó en un sorteo en que resultó elegido Antonio de Narváez. Por su parte, Camilo Torres fue nominado por Popayán. Fue nombrado asesor del Cabildo de Santafé, corporación que se había convertido en el baluarte de los criollos. Fue además asesor de la Casa de Moneda. Desde tales cargos Camilo Torres sentó su airada protesta contra la Junta Central española, en un opúsculo que se ha llamado el Memorial de agravios y cuyo título es Representación del Cabildo de Bogotá a la Suprema Junta Central de España.
En ese documento, Torres dio una respuesta, en nombre del Cabildo de Santafé, a la Junta Central ante la intención de permitir americanos en ese organismo, pero en un número irrisorio. Es, por lo tanto, una aguda crítica al régimen colonial, pero sin expresar abiertamente la separación definitiva de las colonias americanas de España. Afirmó que América y España, Las Españas, eran parte de un reino con iguales derechos, y por tanto ninguna de las partes podía imponer leyes sobre la otra. Denunció la discriminación contra los criollos y pidió para este sector el derecho a ocupar posiciones de alto rango.
El documento nunca llegó a España y el virrey no quiso prestarle atención, hasta el punto de que nombró a seis españoles como miembros del Consejo y más tarde desconoció el nombramiento de Luis Caicedo como alférez real, medidas todas que impidieron el pacto colonial y permitieron la ola cada vez más creciente de motines en las distintas provincias de la Nueva Granada.
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